Ecosistema y entorno

  1. Marco jurídico de la Empresa Social en España

Dentro del marco jurídico español, integrado por las normas dictadas por el Estado, las Comunidad Autónomas y las Instituciones Europeas, sólo estas últimas hacen referencia expresa a la “empresa social” y definen su alcance.

La Unión Europea ha definido la empresa social como: “una empresa que, independientemente de su forma jurídica, presenta las siguientes características:

  1. a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro documento constitutivo de la empresa, tiene como objetivo primordial la consecución de impactos sociales mensurables y positivos en lugar de generar beneficios para sus propietarios, socios y accionistas, y que: i) ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social, y/o ii) emplea un método de producción de bienes o servicios que represente su objetivo social;
  2. b) utiliza sus beneficios, en primer lugar, para la consecución de su objetivo primordial, y ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan cualquier reparto de beneficios a los accionistas y propietarios, con el fin de garantizar que dicho reparto no vaya en detrimento de su objetivo primordial; y
  3. c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de cuentas, en especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes o los interesados afectados por su actividad empresarial”.

Reglamento Nº 1296/2013 (art. 2)

En España, las empresas que mejor se identifican con el concepto de empresa social son las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las entidades de iniciativa social. Todas estas categorías administrativas se integran actualmente bajo el concepto de economía social[1].

Las empresas de inserción se definen como sociedad mercantil o cooperativa, debidamente calificada, que realiza cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, teniendo como fin social la integración y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

Las empresas de inserción social deben cumplir una serie de requisitos como, estar promovidas y participadas mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas; mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción de la menos el 30% durante los tres primeros años de actividad, y de al menos el 50% del total de plantilla en lo sucesivo; aplicar el 80% de los beneficios a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción; y contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción socio-laboral[1].

Los centros especiales de empleo son empresas integradas en el mercado, que tienen como objetivo la creación de empleo remunerado para personas con discapacidad, y la prestación a estas de aquellos servicios de ajuste personal y social que en cada caso se requiera, con el fin de facilitar su integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.

Para obtener la calificación como centro especial de empleo, la empresa debe tener una plantilla integrada al menos en un 70% por trabajadores discapacitados, además debe tener en plantilla el necesario personal técnico y de apoyo que se requiera, y debe probar su viabilidad empresarial mediante el correspondiente estudio económico. Los centros especiales de empleo, pueden tener carácter público o privado, con o sin ánimo de lucro.

Su constitución puede ser promovida por las administraciones públicas directamente o en colaboración con otros organismos, o bien por cualquier persona física o jurídica con capacidad para ser empresario[2]. Pero no todos los centros especiales de empleo serán empresas sociales, sólo aquellos que además cumplan los demás requisitos que señala el Reglamento UE Nº 1296/2013, en particular los relativos al destino de los beneficios y a la gestión participativa.

Las entidades de iniciativa social, son entidades que obtienen esta calificación si acreditan entre otros requisitos que el objeto principal de su actividad económica es la prestación de servicios sociales; carecen de ánimo de lucro; cuentan con medios personales y materiales para cumplir sus fines, tienen experiencia en la prestación de los servicios o generan puestos de trabajo estables en una cierta medida. Estas entidades suelen adoptar la forma jurídica de asociaciones, fundaciones o cooperativas.

Las asociaciones y fundaciones son entidades no lucrativas por definición, mientras que la cooperativa de iniciativa social se define como aquella que sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tiene por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado[3].

Pueden ser calificadas como sociedades cooperativas sin ánimo de lucro las que gestionen servicios de interés colectivo o de titularidad pública, así como las que realicen actividades económicas que conduzcan a la integración laboral de las personas que sufran cualquier clase de exclusión social y en sus Estatutos recojan expresamente

Prof. I. Gemma Fajardo

Patrona de la Fundación Nova Feina, Profesora Titular de la Universitat de València

[1] Ley 44/2007 de 13 de diciembre de Empresas de Inserción.

[2] Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013 (arts. 43 a 45)

[3] Ley 27/1999 de cooperativas (art. 106)

[1]  Art. 5 de la Ley de Economía Social 5/2011 de 29 de marzo.